La legisladora neuquina a favor de la nueva ley que establece que todas las personas son donantes salvo expresa voluntad en contrario.

05 Jul 2018
    

La ley Justina llamada así en homenaje a Justina Lo Cane la niña de 12 años que falleció en noviembre pasado mientras esperaba un corazón modifica aspectos de la ley de donación de órganos, y establece que todas las personas son donantes salvo que hubieran dejado expresada su voluntad en contrario.
Desde 2006, la normativa vigente establece que toda persona capaz y mayor de 18 años pasa a ser donante de órganos y tejidos tras su fallecimiento, salvo que haya manifestado su oposición en vida. En el momento del deceso, el organismo responsable solicita testimonio a la familia sobre la última voluntad del fallecido. Si algún familiar se opusiera, la donación no podría realizarse.
“Según el INCUCAI – precisó Sapag- al perder un familiar, aproximadamente el 40% de los argentinos se opone a la donación de órganos. Esta cifra se eleva al 50% cuando se trata de donantes pediátricos.  Esta nueva ley se propone evitar los malos entendidos y las situaciones incómodas, o de conflicto con las familias en momentos dolorosos, empodera al sistema sanitario al buscar bajar la tasa de oposición de las familias y aumentar el número de donantes”.
RÉGIMEN DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANO Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL
Con relación al Régimen de Integración Socio Urbano y Regularización Dominial que se propone la expropiación de tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, Chani Sapag manifestó que la ley es un hecho histórico que le va a otorgar la posibilidad de ser propietarias a muchas familias, relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.
La Diputada Neuquina valoró el trabajo conjunto entre los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Resaltó también la predisposición de todos los bloques legislativos para consensuar modificaciones al texto original como por ejemplo el respeto a los procesos de expropiación o regularización dominial ya iniciado por los gobiernos provinciales o municipales; la realización de convenios con las provincias y municipios para determinar en conjunto el plan de obras de infraestructura, y proyectos de integración.
Más allá de su voto favorable, Sapag indicó que le hubiera gustado que se explicitara el presupuesto destinado a la realización del proyecto, y que se contemplara la creación de un banco de tierras para urbanizaciones futuras, además de que se consideraran otros mecanismos, incluso menos onerosos que la expropiación, como las prescripciones adquisitivas de las propiedades.