El Ministro Bruno explicó el presupuesto provincial para el 2017

La comisión de Hacienda y Presupuesto recibió ayer al Ministro de Economía e Infraestructura, Norberto Bruno quien explicó el presupuesto de la Administración General de la provincia para el ejercicio financiero 2017. El titular de la cartera estuvo acompañado por el Subsecretario de Ingresos Públicos Alejandro Monteiro y la Subsecretaria de Hacienda, Liliana Murisi, junto a técnicos del área.

Según explicaron los funcionarios, el presupuesto prevé gastos por $51 mil millones de  pesos y recursos por $49 mil millones, lo que arroja un resultado financiero deficitario de $1.944 millones. Al iniciar su exposición, Bruno destacó como “un dato relevante” el precio proyectado de 63 dólares el barril del petróleo. En ese sentido aseguró que habrá “una fuerte posición de la provincia de sostener el programa del barril criollo” para mantener los beneficios en relación al precio internacional del petróleo. En cuanto al tipo de cambio, dijo que se proyectó un promedio estimado de 17.92 dólares el valor del peso nacional. 

Al hablar, Bruno resaltó que por primera vez luego de varios años el resultado económico de la provincia, del orden de los 1.745 millones de pesos resulta ser positivo en tanto existe una tendencia a la disminución del déficit financiero, de casi dos mil millones de pesos. En efecto, recordó que para el 2016 el déficit ascendía a los 3.000 millones, mientras que para este año hubo una reducción producto de, entre otros factores, la actualización de los recursos provenientes de las regalías gasíferas y una estimación del crecimiento del gas natural del orden del 7%. En el actual presupuesto, “los gastos corrientes son sostenidos por los ingresos corrientes”, dijo el ministro, quien explicó al respecto que se proyecta un uso el crédito cercano a los $5.600 millones de pesos, de los cuales $5.080 millones corresponden a emisión de títulos públicos, letras del tesoro, préstamos y demás operaciones de crédito público. Remarcó que el endeudamiento no se orienta a cubrir gastos corrientes sino a “hacer frente al refinanciamiento de vencimiento de capitales, entendiendo que las condiciones de plazos e intereses son mejores para este año”. En tal sentido aseguró que “el gran desafío por delante es estructurar esa deuda de manera tal que no sea tan pesada”, dijo el titular de Economía.

Según detalló el subsecretario Monteiro, del total de los recursos provinciales -14.408 millones de pesos-, los de origen tributario rondarán en un 30% del total. Componen dichos recursos los ingresos brutos, el impuesto inmobiliario y sellos, representando el primero de ellos un 88% del total de ingresos por impuestos de la provincia. En cuanto a los recursos por la actividad hidrocarburífera, las regalías se proyectan con una caída del 1.9% mientras que el canon extraordinario no sufre grandes incrementos debido, según explicaron, a que el pago se hace sobre concesiones convencionales, “la cual viene en caída” y no sobre la explotación hidrocarburífera no convencional. En tanto, las regalías gasíferas implican “un fuerte salto” del orden del 75%. Cabe mencionar que los recursos públicos se componen en total por los impuestos provinciales (29%), los nacionales (25%), las regalías y el canon 28%), los recursos de capital (7%) y otros corrientes (11%).

En su exposición, el Subsecretario de Ingresos Públicos adelantó además que la próxima semana se remitiría la nueva ley impositiva. 

En cuanto al gasto provincial, el 55% corresponde a personal, lo que representan 28.049 millones de pesos. En la ocasión, el ministro Bruno indicó que no se prevén recursos para incrementos salariales para lo que resta del año, mientras que si se incluyó el aumento alcanzado en el mes de marzo. De haber un nuevo incremento salarial, “habrá que discutir la estrategia” para la obtención de los fondos para afrontarlo, dijo el ministro.

Según la distribución que informaron, el CPE implica el 29% de los gastos en personal, en tanto el resto se distribuye de la siguiente manera: policía 13%, Ministerio de Salud 17%, poder legislativo 2%, poder judicial 7%, resto de la administración central 16% y resto de los organismos descentralizados 6%. En tanto, los gastos en bienes y consumo (que ascienden a $5.982 millones) implican en un 53% servicios sociales (viviendas, salud y educación), 29% servicios económicos, 14% administración central y 4% seguridad. Finalmente, las transferencias corrientes representan el 19% del total del gasto, con un monto de $8.143 millones, mientras que el gasto de capital ascienden a $6.964 millones, lo que implica una “orientación del presupuesto hacia la inversión publica”, según manifestaron desde la cartera de Economía. 

De manera desagregada los servicios sociales, que implicarán un monto total de inversión de $3.596 millones, se distribuirán de la siguiente manera: vivienda y urbanismo 58%; educación y cultural 24%, salud y saneamiento ambiental 10% y agua y alcantarillado 6%. “El gasto va enfocado a los servicios básicos” enfatizó Bruno al describir el destino de los fondos por finalidad en materia de servicios. 

Los legisladores hicieron consultas relacionadas a la aparición de obras duplicadas presentes en ejercicios financieros anteriores; al valor de las tasas por endeudamiento y el destino de los fondos provenientes del mismo; a obras pluviales, de viviendas, de educación y refugios para mujeres víctimas de violencia de género; a la inversión real directa en obra pública; a la fuente de recursos para futuros incrementos salariales, entre otros temas. El cuerpo acordó, según lo indicó su presidente Sergio Gallia, debatir el proyecto en la próxima reunión de comisión.

Estuvieron presentes los diputados Sergio Gallia, Carlos Sánchez, Alejandro Vidal, Luis Sapag, Encarnación Lozano, Santiago Nogueira, Francisco Ros, Mario Pilatti, Carlos Koopman, Carolina Rambeaud, Oscar Smoljan, Claudio Domínguez, Damián Canuto, Maximiliano Caparroz, Patricia Jure, María Laura du Plessis, Lucía Menquínez, Guillermo Carnaghi, Nanci Parrilli, Raúl Godoy, Alma Sapag y Ramón Soto.