Asuntos Constitucionales aprobó el Presupuesto Judicial 2016

Así lo informó ayer el administrador general del Poder Judicial, Eduardo Manqueo, quien concurrió ayer a la comisión de Asuntos Constitucionales junto a la directora General de Administración, Carina Reina a explicar la composición ingresos y egresos previstos para el 2016.

 

Luego de la presentación, el cuerpo de diputados dio despacho unánime a la iniciativa. De esta forma fue girada a la comisión de Hacienda para que ayer por la tarde se pueda agregar el expediente al tratamiento del Presupuesto General y Legislativo que realizará dicha comisión.

 

Al referirse a los aportes que realiza el Estado provincial, informó que los mismos estás previstos en el Presupuesto General. También presentó un cuadro sobre su evolución e impacto en el total presupuestado –junto a las variables referidas a ingresos coparticipables y propios-. En el mismo se observa que en el año 2012 el Poder Judicial recibió contribuciones por 95 millones; en 2013 el monto disminuyó a 26 millones; luego en 2014 subió a 67 millones; para 2015 la cifra se sextuplicó y llegó a los 405 millones; en tanto, en 2016, se prevé que la suma llegue a 472 millones.

 

En su exposición, Manqueo remarcó que el presupuesto 2016 supone ingresos por 1231 millones (70%) en concepto de coparticipación federal; 472 millones (27%) a través de transferencias del tesoro y 60 millones (3%) que percibe mediante el cobro de tasas –recursos propios-. Sostuvo que la partida que mayor gasto demanda es la “Personal”, que insumirá el año próximo el 86% de los recursos previstos, 1513 millones, cifra que presenta un crecimiento del 17% en relación al gasto ejecutado del presente ejercicio. Sobre este punto, consideró que la partida estimada no contempla subas salariales para el 2016.

 

Al ser consultado por los diputados presentes, informó que la intención es terminar con las obras del nuevo edificio judicial, y que para ello está prevista una partida de 32 millones de pesos. Agregó que en concepto de coparticipación, los ingresos se estiman con un crecimiento del orden del 25,8% respecto a los que el Poder Judicial recibió en el actual ejercicio. También reconoció que en 2015 hubo ingresos extraordinarios no previstos del orden de los 8 millones de  pesos por el cobro de tasas a empresas. No obstante, advirtió que el ejercicio 2015 se cerrará con un déficit del orden de los 3 millones de pesos.

 

En otro orden, la comisión aprobó el ingreso al recinto de dos pliegos para Defensores Penales, uno para la I Circunscripción y otro para la III. Lo hizo por unanimidad en ambas ocasiones. A primer turno entrevistó a Verónica Graciela Zingoni, postulante al cargo para la I Circunscripción. En la ocasión, dijo que la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal permite terminar con 160 años de un mandato constitucional incumplido y que ubica a Neuquén a la vanguardia en materia procesal a nivel latinoamericano.

 

Destacó como un acierto a nivel de procedimientos la creación del Servicio de Gestión Penal, instancia que permite tomar contacto y entrevistar a los acusados en un lapso no mayor a las 24 horas de estar detenido. Remarcó que su instrumentación para producir prueba es de suma importancia para causas que implican delitos graves.

 

De igual modo, valoró la creación de equipos interdisciplinarios que le permite a la defensa contar con profesionales de la psiquiatría, asistente social, psicólogo y personal dedicado a buscar jurisprudencia necesaria para avanzar en determinados casos. 

 

Al ser consultada por el diputado Raúl Podestá –FG-NE- sobre el proceso de juicio por jurado que tuvo lugar en Zapala contra una integrante de la comunidad mapuche por tentativa de homicidio, Zingoni calificó como un exceso de la Fiscalía y de la querella llevar hasta dicha instancia lo que a primera vista se podía catalogar como ‘daño simple’. Aclaró que de por sí la tentativa de homicidio tiene una pena más baja que la prevista para casos de homicidio, y que la denunciada carecía de antecedentes; ambos atenuantes –señaló- no permitían alcanzar una pena de 15 años, como la que debe ameritar para conformar un juicio por jurado. Definió que para este caso en particular la causa se “infló” para encuadrarla y que puede ser resulta por un jurado popular.

 

Luego fue consultado por el mismo tema Pablo Ariel Méndez –postulante a defensor penal para la III Circunscripción-. En su intervención, Méndez acordó en que se trató de un exceso de parte de la fiscalía y la querella al realizar una definición punitoria muy amplia y carente de pruebas. Añadió que no se tendría que haber resulto a través de un juicio por jurados y se podría haber abreviado el proceso con una sentencia por lesiones o por una probation.

 

A la vez, el cuerpo aprobó por mayoría las reservas presupuestarias previstas para el año próximo –las mismas se incorporan al Presupuesto 2016- y dio despacho  a la iniciativa que adhiere a la Ley 26.905, de reducción del consumo de sodio en la población. También avanzó en el tratamiento del proyecto que establece los lineamientos y principios rectores para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial —Ley 912— de la Provincia del Neuquén e hizo lo propio con la escisión en tres entidades individuales al actual Colegio de Profesionales.

 

Estuvieron presentes José Russo; Manuel Fuertes; Raúl Podestá; Raúl Dobrusín; Jesús Escobar; Gabriela Suppicich; Claudio Domínguez; Sergio Rodríguez; Darío Lucca; María Angélica Carnaghi; Fernanda Esquivel; Darío Mattio y Raúl Bettiga.

La comisión de Trabajo aprobó ayer por unanimidad la revisión del convenio colectivo de trabajo de la OPTIC acordado en mayo del 2010 y homologado en junio del mismo año. Lo hizo ayer por la mañana luego de escuchar a Luis Bogino,  en representación de los paritarios del organismo dependiente de la secretaria de Gestión Pública, quien destacó que están en reclamo de lo firmado entre las partes.

Las modificaciones se efectúan en el título III del convenio, referido a escalafón y remuneraciones, las que fueran remitidas con copia del acta de reunión plenaria de la comisión paritaria del organismo. Bogino sostuvo que los beneficios del convenio “no se reflejan en el recibo de sueldo” por una dilación, motivo por el cual solicitó celeridad en el tratamiento parlamentario. “Lo que estamos reclamando es lo que se firmó de buena fe con el Poder Ejecutivo”, acotó.

El despacho aprueba el título III del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC) y deroga la Ley 2734.

En otro orden, el cuerpo aprobó una nota dirigida al ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo convocándolo  para una próxima reunión por pedido de UPCN de recategorización de empleados de la cartera laboral. La propuesta surgió luego de la intervención de Ernestina Beatriz Alvarez, paritaria de UPCN de la secretaría de Trabajo, quien indicó que una vez puesto en marcha el CCT de dicho organismo “hay trabajadores que quedaron mal encuadrados”.

Estuvieron presentes los diputados Daniel Andersch, Eduardo Enriquez, Néstor Fuentes, Eduardo Benitez, Fernanda Esquivel Caliva, Raúl Podestá, Gabriela Supicich, Claudio Domínguez y Alfredo Marcote.