Lo anunció el secretario del COPE, Mario Mazzeo. Así surge del artículo publicado en un diario regional, dado a difusión esta semana por el área de prensa de la comuna. “San Martín de los Andes pondrá bajo su jurisdicción proyectos inmobiliarios que afectan las cuencas que ahora están fuera de su órbita”, expresa.

22 Oct 2014
    

El gobierno municipal avanza a paso firme en el proyecto de ampliación del ejido, que aspira a presentar en 2015 al Concejo Deliberante para luego hacer lo propio ante la Legislatura provincial, con el objeto de incorporar 11.500 hectáreas a la actual jurisdicción.

Así lo confirmó el coordinador del Consejo de Planeamiento Estratégico de la comuna, Mario Mazzeo, quien reveló que el nuevo ejido se extendería hacia el este y hacia el sur de la Ruta Nacional 40.

El ejido es hoy de 14.000 hectáreas y con el proyecto en ciernes alcanzaría las 25.500, con especial atención sobre desarrollos inmobiliarios presentes y futuros que afecten las cuencas.

Mazzeo dijo que uno de los criterios que fundamentan la expansión del ejido es la necesidad de ganar jurisdicción sobre los desarrollos que impacten directa o indirectamente sobre las cuenca Lácar, que desagua al Pacífico, y Quilquihue, que lo hace al Atlántico.

El funcionario dijo que, con ese fin, el ejido se extendería unos 2 kilómetros al sur de la Ruta Nacional 40, y desde los arroyos Chapelco Chico y Chapelco Grande hacia el este, también tomando como eje de referencia la 40 hasta el puente sobre el río Quilquihue y el límite con el departamento Huilliches.

Mazzeo explicó que de ese modo “tendremos control municipal sobre una amplia franja que ya tiene desarrollos en marcha y otros proyectados“, a la vez que ganaremos tierras para futuros emprendimientos de interés social y municipal”.

Conforme la legislación municipal que, naturalmente, se aplicaría sobre la zona incorporada al ejido, todo loteador está obligado a destinar para usos fiscales un 16 por ciento de la superficie a desarrollar.

Por otra parte, se aplicaría también la ordenanza de Renta Diferencial Urbana, la cual prevé que el privado que se beneficie de un incremento en el valor de los bienes inmuebles como consecuencia de mejoras de infraestructura promovidas por el estado, tendrá que destinar para fines sociales un porcentaje de esa revalorización, a fijar en el equivalente en tierras o recursos.

Como contrapartida, el municipio estará obligado a proveer de servicios a las propiedades que hoy caen dentro de la judisdicción provincial.

Mazzeo dijo que “una etapa importante del proyecto es la evaluación de los costos y beneficios que implicaría para el municipio la ampliación del ejido, y que ya estamos analizando para acompañar la presentación del proyecto de ordenanza“.

Diario Río Negro/lagente.gov.ar