Diputados de la comisión de Energía e Hidrocarburos escucharon ayer la exposición que brindó Luis Sapag –presidente del cuerpo por el MPN- sobre los temas de debate entre el gobierno nacional, YPF, provincias de la OFePHi y el gobierno neuquino, en torno a la posible reforma de la ley nacional de hidrocarburos. Entre otros puntos, el informe cuestiona la constitucionalidad del articulado en temas como la titularidad del dominio de los recursos, la disposición de la renta petrolera y el cuidado del ambiente.

31 Jul 2014
    

Al hablar, Sapag afirmó que la empresa GyP “no es juez y parte,” en alusión a las declaraciones de Miguel Galuccio –CEO de YPF-, sino que es el Estado provincial, quien a través de GyP, ejerce su soberanía para garantizar que toda la cadena de valor de los hidrocarburos sea de bien público, como lo establece la ley de soberanía hidrocarburífera. Entre otros puntos, el diputado afirmó que de acuerdo al borrador presentado por Nación, los mecanismos de licitación y adjudicación ignoran la titularidad del domino de las provincias y que las regalías serán el único mecanismo de percepción de renta petrolera, hecho que consideró inconstitucional y que “nos retrotrae a una situación anterior a 1994”. Al respecto, el gobierno provincial considera que las regalías se perciben por derecho propio, como consecuencia del título dominial, y además incorpora el derecho a participar en las ganancias.
 
El documento que cuestiona la Provincia es un borrador del proyecto de ley que modifica la Ley Nacional de Hidrocarburos –N°17.319-, presentado por Nación en julio de este año a empresas operadoras y de servicios. “Lo que el gobernador llamó proyecto YPF,” señaló Sapag. Allí se establece que las adjudicaciones las proveerá la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas, “organismo que no fue creado por ley” afirmó el diputado y sentenció; “si el gobierno nacional controla las adjudicaciones, controla todo”. Agregó que mediante el sistema propuesto, las empresas grandes, incluidas YPF, ganarán todas las licitaciones. “El proyecto de YPF asume que el dominio se limita a la convalidación de las estrategias y políticas dictadas por Nación”, explicó Sapag, “cuando la provincia establece que el dominio es la titularidad, la soberanía o la posesión de los recursos, son los entes de adjudicación, planificación y control de las concesión, explotación y extracción.”
 
El diputado también informó que de acuerdo a un estudio realizado por el COPADE para YPF, una proyección demográfica realizada en la zona de Vaca Muerta (un triángulo entre Neuquén, Zapala y Chos Malal) refleja que en diez años habrá 220 mil habitantes nuevos. Sobre este tema, el diputado Alejandro Vidal –UCR-, manifestó su preocupación por el gran crecimiento demográfico y de infraestructura que sufrirá la provincia en los próximos años y dijo que si Neuquén no participa de la renta, no podrá hacerse cargo de las inversiones necesarias, algo que la convertiría en una “verdadera zona de sacrificio socioambiental”. Sapag también mencionó que el documento establece que serán entes de aplicación nacional quienes controlen el impacto medioambiental, “desconociendo las leyes provinciales.”

Finalmente, el presidente de la comisión explicó que, actualmente, varios gobernadores preparan una nueva contrapropuesta a este proyecto, admitiendo al Congreso como ámbito adecuado para el debate.